La Instrucción de los Procesos Penales Frente a las Personas Jurídicas

RESUMEN
La introducción, en el año 2010, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas supuso una revolución, no sólo para el Derecho Penal, sino también para el Derecho Procesal. El proceso penal se ha desarrollado a lo largo de los años desde una perspectiva antropocéntrica. En este sentido, los derechos procesales del investigado o encausado y su intervención en las distintas fases del proceso, tradicionalmente, han partido de la base de que la acción penal se dirige frente a una persona física viva. Por eso, la irrupción de las personas jurídicas en este escenario, como nuevo sujeto pasivo del proceso penal, implica poner en entredicho equilibrios dogmáticos alcanzados a lo largo de los años. En esta obra se analizan aquellas cuestiones problemáticas que plantea el hecho de que la parte pasiva del proceso penal sea una persona jurídica, concretamente en la fase de la instrucción penal. El trabajo pretende ser una aportación útil, tanto para los prácticos como para los teóricos del Derecho, ofreciendo soluciones a los problemas planteados, así como propuestas de lege ferenda en aquellos puntos en que la legislación procesal se considera insuficiente o mejorable. Así pues, en la presente monografía se analizan exhaustivamente los planteamientos tendentes a introducir el principio de oportunidad en los procesos penales frente a los entes colectivos, la imputación de la persona jurídica, la determinación del estatuto jurídico procesal que le corresponde en tanto que investigada-encausada, la investigación de los delitos cometidos por organizaciones empresariales, con especial énfasis en el fenómeno de las investigaciones intraempresariales y sus riesgos, así como el sistema de medidas cautelares previsto para las personas jurídicas. El trabajo se corresponde con una de las líneas de investigación desarrollada por la autora, quien presentó en su día la tesis doctoral con "mención internacional" sobre "La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal", en la cual se dio respuesta exhaustiva, desde una óptica teórico-práctica, a todas aquellas incógnitas que, desde la perspectiva procesal, surgieron a raíz de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

ÍNDICE
Prólogo17
Resumen35
Abstract37
Abreviaturas39
Introducción41
I. El principio de legalidad y el principio de oportunidad en las causas penales seguidas frente a las personas jurídicas
1.Planteamiento45
2.El principio de legalidad y el principio de oportunidad en los procesos frente a las personas jurídicas48
2.1.El clásico debate entre los principios de legalidad y de oportunidad48
2.2.Las ventajas y desventajas del principio de oportunidad en los procesos frente a las personas jurídicas53
2.2.1.Las ventajas del principio de oportunidad en las causas seguidas frente a las personas jurídicas53
2.2.1.1.La evitación de los daños colaterales y reputacionales53
2.2.1.2.Los incentivos a la autorregulación y a la implementación de programas de cumplimiento normativo58
2.2.1.3.El fomento de la cooperación con la justicia61
2.2.1.4.La satisfacción de los fines de la pena y del interés público en la fase pre-procesal64
2.2.1.5.El ahorro de recursos públicos65
2.2.2.Las críticas a la introducción del principio de oportunidad en las causas frente a las personas jurídicas66
2.2.2.1.Los daños colaterales derivados del juicio penal no son exclusivos de las personas jurídicas ni previsibles66
2.2.2.2.Los riesgos de discriminación e inmunidad para las grandes empresas72
2.2.2.3.La efectiva persecución penal de las personas jurídicas es incentivo suficiente para la implementación de programas de prevención delictiva75
2.2.2.4.El riesgo de convertir la justicia penal en un mecanismo de chantaje institucionalizado para forzar la cooperación79
2.2.2.5.El riesgo de erosión de la fuerza preventiva del Derecho Penal82
2.2.2.6.La concordancia entre la inversión de recursos públicos y el potencial lesivo de la criminalidad de empresa84
2.3.Las soluciones preprocesales como alternativa a una acusación formal. Especial mención a los DPAs y NPAs americanos84
2.4.A modo de conclusión: los riesgos de americanización del proceso penal español94
II. La adquisición de la condición de investigado y encausado por parte de la persona jurídica y el ejercicio del derecho de defensa durante la instrucción penal
1.Planteamiento103
2.El momento procesal idóneo para la imputación de la persona jurídica105
2.1.La imputación autónoma de la persona jurídica cuando la persona física no ha sido identificada115
2.2.Cuando la persona física es identificada ab initio, ¿la imputación de la persona jurídica debe ser simultánea o sucesiva?120
III. El Estatuto jurídico-procesal de la persona jurídica. La titularidad de los derechos procesales por parte de la persona jurídica imputada
1.Planteamiento131
2.Los presupuestos para determinar el estatuto jurídico procesal penal de la persona jurídica imputada138
2.1.La persona jurídica como titular de derechos fundamentales138
2.2.Criterios de atribución de los derechos procesales penales propios del sujeto pasivo del proceso penal a la persona jurídica141
3.Analogías y desemejanzas entre el estatuto jurídico procesal de las personas físicas y las personas jurídicas en su condición de sujetos pasivos del proceso penal156
3.1.Posturas doctrinales sobre la analogía entre el estatuto jurídico procesal del sujeto pasivo del proceso penal, persona física y persona jurídica156
3.2.Una conclusión de equilibrio a la cuestión del estatuto jurídico procesal de la persona jurídica imputada y su analogía con la persona física168
4.La determinación de los derechos procesales cuya titularidad corresponde a la persona jurídica en su condición de parte pasiva del proceso penal172
4.1.El derecho de defensa172
4.1.1.La autodefensa177
4.1.2.La defensa técnica o el derecho a la asistencia letrada185
4.1.2.1.Las posibilidades de defensa conjunta de la persona física y la persona jurídica y el potencial conflicto de intereses190
4.1.2.2.El secreto profesional del abogado de la persona jurídica o del abogado de empresa199
4.1.2.2.1.La definición y la naturaleza del secreto profesional del abogado199
4.1.2.2.2.El fundamento y el ámbito objetivo de protección del secreto profesional del abogado202
4.1.2.2.3.La Jurisprudencia del TJUE sobre la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado interno208
4.1.2.3.El derecho de asistencia jurídica gratuita213
4.2.El derecho a la presunción de inocencia226
4.3.El derecho a no autoincriminarse o a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable235
4.3.1.La titularidad del derecho a no declarar por parte de las personas jurídicas en el Derecho extranjero238
4.3.2.La controvertida extensión del derecho a no declarar a las personas jurídicas241
4.3.2.1.Los argumentos en contra del reconocimiento del derecho a las personas jurídicas241
4.3.2.1.1.El fundamento iusnaturalista del derecho y la concepción de la entidad como una creación artificial241
4.3.2.1.2.Argumentos históricos que atienden al origen del derecho243
4.3.2.1.2.1.Argumento religioso243
4.3.2.1.2.2.Como forma de prevención de las torturas o los tratos inhumanos o degradantes244
4.3.2.1.3.La relación del derecho a no declarar con la dignidad humana, la libertad y la privacidad245
4.3.2.1.4.La disociación que se produce entre quien padece el riesgo de autoincriminación y quien declara247
4.3.2.1.5.Los obstáculos a la investigación que podrían derivarse del reconocimiento del derecho a las personas jurídicas249
4.3.2.1.6.El necesario equilibrio entre la acusación y la defensa252
4.3.2.1.7.La tutela judicial efectiva de la víctima255
4.3.2.2.Los argumentos a favor del reconocimiento del derecho a las personas jurídicas256
4.3.2.2.1.La centralidad del derecho como elemento básico del sistema acusatorio frente al inquisitivo256
4.3.2.2.2.La relación del derecho a no declarar con el derecho de defensa257
4.3.2.2.3.La relación del derecho a no declarar con la presunción de inocencia259
4.3.2.2.4.La afectación del derecho a no declarar de los representantes de la entidad261
4.3.2.3.Conclusión sobre la titularidad del derecho a no declarar por parte de las personas jurídicas263
4.3.3.El derecho a no declarar de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español. ¿Naturaleza legal o constitucional de tal derecho?265
4.3.4.El ámbito de protección del derecho a no declarar de las personas jurídicas270
4.3.4.1.La determinación de los sujetos que pueden negarse a declarar en nombre de la persona jurídica para evitar su incriminación271
4.3.4.2.Los requerimientos de documentación285
4.4.El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o a ser juzgado en un plazo razonable302
4.5.El derecho a un proceso público308
4.6.El derecho a ser informado de la acusación en un idioma comprensible312
IV. Las investigaciones en entornos organizativos o empresariales
1.Planteamiento317
2.Las dificultades específicas de las investigaciones en contextos organizativos319
3.La autorregulación, la colaboración público-privada en el descubrimiento de los delitos y otras tendencias privatizadoras en el control de la criminalidad325
4.Las investigaciones internas o intraempresariales332
4.1.El concepto y las características básicas de las investigaciones internas empresariales335
4.2.Las ventajas y los riesgos de las investigaciones internas341
4.2.1.Las ventajas de las investigaciones internas empresariales341
4.2.2.Los riesgos de las investigaciones internas empresariales343
4.2.2.1.Los riesgos para el descubrimiento de la verdad344
4.2.2.2.Los riesgos para los derechos de los trabajadores347
4.3.Derechos fundamentales, prueba ilícita e investigaciones internas349
4.3.1.Los derechos procesales como límite a las investigaciones internas empresariales356
4.3.2.Los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones como límite a las investigaciones internas empresariales. La expectativa razonable de privacidad363
5.La diligencia de investigación de entrada y registro en el domicilio de la persona jurídica377
5.1.La persona jurídica como titular del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad domiciliaria377
5.2.La delimitación del concepto de domicilio de la persona jurídica382
5.3.El consentimiento de la persona jurídica a través de sus representantes como presupuesto para la entrada y registro de su domicilio sin autorización judicial389
6.La diligencia de interceptación de las comunicaciones de la persona jurídica investigada398
6.1.La persona jurídica como titular del derecho al secreto de las comunicaciones 398
6.2.Los procesos comunicativos de las personas jurídicas y la determinación de los terceros ajenos al proceso comunicativo401
6.3.Especialidades de la diligencia de interceptación de comunicaciones cuando la investigada es una persona jurídica 406
6.3.1.Sujetos afectados por la restricción procesal del derecho secreto de las comunicaciones de la persona jurídica407
6.3.2.La legitimación para impugnar la validez de la interceptación411
V. Las medidas cautelares frente a las personas jurídicas
1.Planteamiento415
2.La regulación positiva de las medidas cautelares contra las personas jurídicas416
3.El catálogo de medidas cautelares susceptibles de imposición a las personas jurídicas423
3.1.Las medidas contra societatem423
3.1.1.La suspensión de actividades423
3.1.2.La clausura de locales424
3.1.3.La intervención judicial425
3.2.Las medidas cautelares reales429
3.3.Otras medidas cautelares431
4.Análisis de la naturaleza, los presupuestos y las características de las medidas contra societatem435
4.1.La finalidad preventiva de las medidas contra societatem435
4.2.El carácter real o personal de las medidas contra societatem443
4.3.Los presupuestos de aplicación de las medidas contra societatem447
4.3.1.El fumus boni iuris o el fumus commissi delicti448
4.3.2.El periculum in mora o el periculum in damnum452
4.3.2.1.El riesgo de fuga o de desaparición de la persona jurídica455
4.3.2.2.El riesgo de despatrimonialización457
4.3.2.3.El riesgo de ocultación, alteración, manipulación o destrucción de fuentes de prueba459
4.3.2.4.Los riesgos para los bienes jurídicos protegidos por la norma penal. La controvertida finalidad cautelar de evitación de la continuidad o reiteración delictiva462
4.4.Los destinatarios de las medidas contra societatem y los creadores del periculum in mora469
4.5.Las principales características de las medidas contra societatem473
4.5.1.La legalidad473
4.5.2.La instrumentalidad474
4.5.3.La temporalidad474
4.5.4.La jurisdiccionalidad478
4.5.5.La variabilidad de las medidas contra societatem y el principio rebus sic stantibus478
4.5.6.La homogeneidad de las medidas contra societatem y las penas480
4.5.7.El principio de proporcionalidad483
4.6.La competencia y el procedimiento para la adopción y la revisión de las medidas contra societatem484
4.6.1.La competencia y el momento procesal idóneo para la adopción de las medidas contra societatem484
4.6.2.El procedimiento de adopción de las medidas contra societatem486
4.6.2.1.La necesidad de previa petición de parte487
4.6.2.2.La preceptiva celebración de una vista previa488
4.6.3.La resolución sobre la adopción de las medidas contra societatem y el régimen impugnativo492

Conclusiones495
Bibliografía507
Anexo. Legislación, jurisprudencia e informes
1.Legislación531
1.1.Normas supranacionales, europeas y nacionales531
1.2.Leyes extranjeras533
2.Resoluciones judiciales534
2.1.Jurisprudencia del TEDH534
2.2.Jurisprudencia comunitaria534
2.3.Jurisprudencia Constitucional534
2.4.Jurisprudencia ordinaria537
2.5.Resoluciones judiciales extranjeras538
3.Informes, Dictámenes, Acuerdos y otros materiales539