Persona Jurídica, Proceso Penal y Digitalización

Transcurridas más de dos décadas desde la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en el ordenamiento jurídico español sigue ofreciendo dificultad afrontar con solvencia las consecuencias derivadas de esta solución legal, particularmente en lo que atañe a su incidencia procesal.

A la necesidad de redefinir, para este sujeto jurídico, los tradicionales criterios de imputación y resolver las dudas interpretativas que, a esos efectos, plantea el complejo art. 31 bis CP, se suma la de dar respuesta a las muchas implicaciones procesales de las disposiciones contenidas en este precepto y corregir el desajuste derivado de la sujeción de un ente jurídico a un proceso penal originariamente configurado en torno al individuo, persona física.

La obra aborda los diferentes escenarios procesales que, con mayor viveza, reflejan los efectos de esa conversión de un ente jurídico en sujeto pasivo del proceso penal, entre otros, el que abre el estatuto jurídico que ha de ver asegurado y el que ha acabado por ser el régimen de intervención procesal de la persona jurídica encausada, el recurso a la conformidad y otras fórmulas basadas en criterios de oportunidad puestas a su alcance y, particularmente, el conformado por las implicaciones procesales de la Ley 2/2023, esto último, a la vista del difícil equilibrio entre la protección que pretende conferirse al informante -whistleblower- y la garantía del derecho de defensa y de los que son a esta instrumentales que corresponden al encausado, sea persona física o jurídica.

Estos, y algunos otros concomitantes, son los marcos a los que este grupo de especialistas ha llevado su análisis y valoración crítica, y en los que vierten valiosas soluciones a los no pocos problemas detectados -si no nacidos de la creciente digitalización que envuelve al proceso y los instrumentos de los que se sirve, agravados por esta- junto a fundadas propuestas de lege ferenda que aseguren la compatibilidad de estas herramientas y fórmulas puestas al servicio de la eficacia en la investigación del delito corporativo -y, como objetivo último, de la lucha frente a la corrupción- y las exigencias del proceso justo y con todas las garantías que, al igual que la persona física, ha de transitar la persona jurídica.