La asistencia lingüística en el proceso penal tras la directiva 2010/64/UE "Derecho fundamental o mero formalismo"

A pesar de constituir una necesidad en miles de actuaciones judiciales y policiales, la figura del intérprete carece de visibilidad. Los operadores jurídicos, crónicamente abrumados de trabajo, tienden a considerarla como un obstáculo a sortear con la mayor rapidez posible, por más que ello implique pagar un precio: la no infrecuente vulneración de los derechos del justiciable extranjero a la tutela judicial efectiva, entre los cuales se integra el derecho a la interpretación y traducción en el proceso penal. Así lo reconocen inequívocamente la legislación internacional, en particular la Directiva 2010/64/UE, y la legislación procesal española. Pero ¿hasta qué punto este derecho es real y efectivo? ¿Qué titulación o requisitos deben acreditar los intérpretes que actúan en un proceso penal? La respuesta a esas preguntas, en la práctica, queda en manos de unos pocos intermediarios externos que, supuestamente, abaratan los costes sin suficientes garantías de calidad e independencia. La presente obra analiza con detalle la Ley Orgánica 5/2015 de 27 de abril, de transposición de la citada Directiva, e incluye un estudio exhaustivo y novedoso de la jurisprudencia de las distintas instancias judiciales españolas y europeas, estudio que prueba el riesgo de indefensión que conlleva una traducción defectuosa o incompleta.

ÍNDICE

Capítulo 1. Introducción: la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales

Capítulo 2. Regulación normativa y tratamiento jurisprudencial del derecho a la interpretación y a la traducción anterior a la transposición de la Directiva

Capítulo 3. El informe de la Comisión Europea sobre las normas nacionales de transposición

Capítulo 4. Ámbito subjetivo del derecho a la asistencia lingüística

Capítulo 5. Creación de un mecanismo para evaluar el conocimiento lingüístico del investigado o acusado.

Capítulo 6. Modalidades de interpretación

Capítulo 7. La obligatoria asistencia de intérprete en todas las actuaciones policiales y procesales

Capítulo 8. Derecho a la interpretación en las conversaciones con el abogado

Capítulo 9. El derecho a la traducción de los documentos esenciales

del proceso penal

Capítulo 10. Renuncia al derecho a la interpretación y a la traducción

Capítulo 11. La prestación del servicio de asistencia lingüística: evolución y modelos

Capítulo 12. Mecanismos de garantía de la calidad de la traducción

y la interpretación

Capítulo 13. La creación de registros de traductores e intérpretes como garantía de calidad

Capítulo 14. Balance de la transposición de la Directiva y propuestas de mejora

Bibliografía

Jurisprudencia