Derecho y medicina defensiva: Legitimidad y límites de la intervención penal

La implementación de la medicina individualizada y de precisión, además de la estandarización y automatización de las prácticas clínicas, suponen cambios en el modo de afrontar la asistencia sanitaria en diferentes aspectos, lo que, a su vez, genera nuevos retos y también algunas incertidumbres y preocupaciones. La necesidad de otorgar una protección jurídica calificada a los bienes jurídicos y derechos fundamentales de los pacientes requiere la imposición a los médicos de deberes idóneos para asegurar su correcto ejercicio. Sin embargo, el ejercicio de la actividad médica ha sido objeto de una judicialización progresiva que ha favorecido el fenómeno de la medicina defensiva, fomentando en ocasiones peores condiciones para el ejercicio profesional y mayores probabilidades que se comentan errores y se realicen eventos adversos en perjuicio de los mismos derechos.

En este monográfico se evalúan críticamente algunas estrategias sustantivas y procesales adoptadas por los legisladores nacionales con el objetivo de evitar que el Derecho favorezca o induzca la realización de prácticas médicas con propósito defensivo. Asimismo, se plantean propuestas idóneas para conjugar, por una parte, la protección de los derechos de los pacientes y, por otra, mejores condiciones para el ejercicio de la actividad médica, desde la perspectiva de los profesionales. En este sentido, cobra una especial importancia el principio de autonomía, siendo la autonomía en juego, y potencialmente vulnerada, no solo la que se manifiesta en el derecho a la autodeterminación terapéutica del paciente, sino también la que asegura el desarrollo y la evolución de las practicas clínicas, en el marco del acuerdo terapéutico entre médico y paciente.