Tratado de Derecho Ambiental

ÍNDICE
Capítulo 1. El marco internacional de la protección del medio ambiente
Capítulo 2. El derecho ambiental de la Unión Europea
Capítulo 3. La protección constitucional del medio ambiente
Capítulo 4. El papel de la Administración en la protección ambiental y la distribución territorial de competencias
Capítulo 5. Acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales
Capítulo 6. La responsabilidad por daños ambientales
Capítulo 7. Técnicas de regulación, limitación y control. Las autorizaciones ambientales
Capítulo 8. La evaluación ambiental de los proyectos y de los planes y programas con incidencia ambiental
Capítulo 9. La planificación como técnica de protección ambiental. La planificación de los recursos naturales
Capítulo 10. Técnicas de incentivo o fomento económico
Capítulo 11. La normalización, la certificación y las marcas de conformidad para la gestión ecológica de las empresas
Capítulo 12. La inspección ambiental y la represión administrativa y penal de los ilícitos ambientales

RESUMEN
En este libro se tratan, de modo completo y sistemático, todas las instituciones del Derecho Ambiental, en cuanto sistema normativo de creciente importancia dirigido a la preservación del entorno humano mediante el control de la contaminación y la garantía de un uso sostenible de los recursos naturales.
Se abordan así, desde la óptica del derecho internacional, del derecho comunitario y de nuestro ordenamiento jurídico, las principales técnicas jurídicas existentes para prevenir y reducir los daños ambientales, como son: la evaluación de impacto ambiental, las autorizaciones administrativas y otros sistemas de control previo de obras y actividades; la responsabilidad por los daños ambientales; los tributos ecológicos, las ayudas públicas y otras técnicas novedosas de incentivo ambiental; los instrumentos, procedentes del mundo empresarial, de la ecogestión y la ecoauditoría; las medidas dirigidas a garantizar el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia de los ciudadanos y las ONG en la protección del entorno; la planificación ecológica de los espacios protegidos; y la inspección y represión, en vía administrativa y penal, de los ilícitos ambientales.