El Ejercicio de la Prostitución y el Derecho del Trabajo

El ejercicio de la prostitución y el Derecho del Trabajo es un magnífico trabajo de José María González del Río, valiente y comprometido con los valores y principios constitucionales, y en concreto con la libertad y la democracia constitucional.
El trabajo responde a una necesidad: analizar si los servicios sexuales, o de contenido o significación sexual, pueden ser objeto del Derecho del Trabajo, de la figura contractual que le es propia y de sus particulares mecanismos protectores, o si, por el contrario, el ejercicio de la prostitución, aún con consentimiento de la persona adulta y con plena capacidad que la ejerce, es siempre una forma de explotación sexual cuya regulación legal y, particularmente, cuya posible realización a través de un contrato de trabajo abrirían vía libre a la trata de mujeres, a las mafias y redes ilegales de inmigración, favorecidas por la globalización y la potencialidad de Internet, las desigualdades socio-económicas, la pobreza, la inmigración irregular, la drogadicción; si los caracteres estructurales del contrato de trabajo, la inserción de la persona trabajadora dentro del ámbito de organización y dirección del empresario, del ajeno que se apropia de la utilidad patrimonial de su trabajo a cambio de remuneración, imposibilitan las exigencias radicales de libertad en el intercambio sexual que separan la licitud de la prostitución voluntariamente ejercida de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales; si en un contexto milenario coactivo, como el del comercio mundial del sexo, en que la coacción se cierne sobre las mas elementales manifestaciones de la libertad personal, hay sitio para la dignidad y libertad personales y para la libertad contractual. Es, sin duda, un tema, de actualidad, polémico y de gran trascendencia y repercusión social, que coloca al Derecho del Trabajo en el centro del debate sobre la prostitución: su aplicación a los servicios sexuales libremente prestados a través de un contrato de trabajo, que es su institución contractual propia, ¿fomentaría o evitaría la explotación sexual de las mujeres que voluntaria y libremente ejercen la prostitución?.
La prostitución es una cuestión de género; la explotación de la prostitución es una forma de violencia de género que cruelmente desconoce la esencia de ser humano, la dignidad, libertad e igualdad de las mujeres: una forma extrema de violencia de género , como bien dice la Ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla de 28 de enero de 2011 de la que da cuenta González del Río. La violencia contra las mujeres y niñas toma diferentes formas, siendo la explotación de la sexualidad y el cuerpo femenino, además de secular, una de las mas lacerantes y execrables, pues de ella resulta una particular esclavitud de género sin perjuicio de su relación con los esclavismos históricos , la esclavitud de mujeres privadas de todo derecho y libertad para ser destinadas mediante coacción y engaño a su explotación sexual basada y mantenida sobre relaciones de dominación y sometimiento, de violencia machista. Esta realidad, discriminatoria de las mujeres por su condición misma de mujeres, no precisa de mayor explicación. González del Río la confirma al precisar el carácter ocasional , excepcional, de la explotación sexual de los hombres. Ahora bien, propone actuar contra ella para su erradicación, difícil dada su complejidad, mediante la atribución de derechos a las mujeres, también a las mujeres prostituidas, carentes absolutamente de ellos en esa intolerable discriminación primaria , como mejor antídoto frente a la violencia, la dominación y la discriminación.
Frente al prohibicionismo, el abolicionismo y el reglamentismo, González del Río apuesta por la legalización de la prostitución voluntaria y libremente ejercida; por el reconocimiento de derechos y obligaciones a las mujeres que así la ejercen, junto con la utilización de los mecanismos legítimos del Estado en la persecución y represión de la prostitución forzosa. El Estado, dice, no debe escatimar medios y esfuerzos para combatir la terrible realidad de las mujeres obligadas a prostituirse contra su voluntad por todos los medios delictivos imaginables y el Código Penal debiera tipificar con toda dureza posible el hecho de que alguien, abusando de su posición de superioridad, explote sexualmente a otra persona para su lucro personal . Realmente su toma de postura tiene enfrente a las tesis abolicionistas, bien conocidas, que rechazan frontalmente la consideración de la prostitución como trabajo y sostienen que nunca hay dignidad ni libertad en su prestación, que su causa ilícita y el consentimiento siempre viciado por una situación de necesidad impiden su realización licita bajo ningún tipo de relación contractual, que no es posible distinguir entre la prostitución forzada y la consentida por el carácter absoluto de explotación de la prostitución la prostitución nunca es una cuestión relativa y por la insignificancia numérica de la presuntamente consentid