El Delito de Corrupción Privada en el Ámbito de los Negocios

ÍNDICE
Parte I.
Cuestiones preliminares
Capítulo Primero: El derecho penal y regulación de la economía
Capítulo Segundo: La persecución penal de la corrupción privada: necesidad o exceso
Parte II.
El delito de corrupción privada en el derecho comparado
Capítulo Tercero: La regulación en instrumentos normativos internacionales
Capítulo Cuarto: La regulación en algunos países de la Unión Europea
Capítulo Quinto: La regulación en los Estados Unidos de América
Parte III.
La regulación del delito de corrupción privada en España
Capítulo Sexto: El bien jurídico protegido
Capítulo Séptimo: Los sujetos del delito
Capítulo Octavo: La conducta típica
Capítulo Noveno: El tipo subjetivo
Capítulo Décimo: Antijuridicidad. Culpabilidad. Punibilidad y perseguibilidad
Capítulo Decimoprimero: Consumación y formas imperfectas de ejecución. Autoría y participación.
Capítulo Decimosegundo: Tipo atenuado y tipos agravados
Capítulo Decimotercero: Concurso
Capítulo Decimocuarto: El delito de corrupción privada y determinados ámbitos de actividad
Parte IV.
El delito de corrupción privada y la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Capítulo Decimoquinto: El delito de corrupción privada y la responsabilidad penal de las personas jurídicas

RESUMEN
La novedad del delito de corrupción privada (o "soborno entre particulares) y las cuestiones que plantea exigen el estudio detallado de su regulación en nuestro ordenamiento. Cómo entendamos y apliquemos esta figura delictiva puede afectar a cualquier sector de actividad privada y a ciertas políticas comerciales y mercantiles de las empresas para cerrar negocios (entrega de regalos, obsequios, invitaciones a espectáculos, etc.), que podrían ser subsumibles en el delito. Uno de los ejemplos pueden ser las prácticas de determinados sectores, como el sanitario o farmacéutico. Por ello, la forma de prevenir y atajar esta forma de corrupción ha de ser una prioridad para la cultura corporativa de las empresas, que se debe plasmar en la implantación de programas de compliance adecuados y eficaces; máxime cuando, con independencia de la localización de su sede o de sus negocios, podría ser factible su persecución penal por la aplicación extraterritorial de numerosas normas (Código Penal, Travel Act, Bribery Act 2010, etc.) que castigan esta conducta.