La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Impacto en la Legislación a

ÍNDICE
PRIMERA PARTE. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UN NUEVO PARADIGMA EN EL TRATAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD
Capítulo Primero. Del modelo médico al modelo social: el enfoque de la discapacidad como un problema de derechos humanos
Capítulo Segundo. Principios y objetivos de la CIDPD
Capítulo Tercero. Determinación de los derechos de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos
Capítulo Cuarto. Instrumentos para la formulación de políticas públicas
SEGUNDA PARTE. EL IMPACTO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Capítulo Primero. La obligación de adaptación a la CIDPD. Consideraciones generales sobre su impacto en el ordenamiento jurídico español
Capítulo Segundo. El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica sobre accesibilidad
Capítulo Tercero. el impacto de la CIDPD en la legislación autonómica sobre sanidad y servicios sociales
Capítulo Cuarto. El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica sobre educación
Capítulo Quinto. El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica en materia de empleo
Capítulo Sexto. El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica en materia de acceso a la justicia
Capítulo Séptimo. El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica en materia de acceso a la cultura, el ocio y el deporte
Capítulo Octavo. El impacto de la CIDPD en la legislación autonómica en materia fiscal
Capítulo Noveno. Herramientas para la formulación de políticas públicas autonómicas en materia de discapacidad
Epílogo. La conveniencia de una ley autonómica de garantía de los derechos de las personas con discapacidad

RESUMEN
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y, desde su ratificación por nuestro país en el año 2008, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Ello nos obliga, tal como dispone su artículo 4, a adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma, incluida la modificación o derogación de las normas pertinentes. En este proceso de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Convención se han dado ya pasos muy significativos a nivel estatal, como la promulgación de la Ley de adaptación normativa a la Convención (2011) y la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (2013).
Sin embargo, dado el sistema de reparto competencial establecido en nuestra Constitución, la acción de las Comunidades Autónomas se revela esencial en este asunto, en cuanto ostentan competencias en aspectos fundamentales para garantizar la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad. En esta línea, este trabajo resulta pionero en el análisis del impacto de la Convención en el nivel de la legislación autonómica, concretamente la de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Tras un análisis de las exigencias de la Convención, y una vez delimitadas las competencias de las diversas administraciones en las distintas materias que inciden en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad educación, sanidad, servicios sociales, empleo, ordenación del territorio y urbanismo, transportes, cultura y deporte, justicia, fiscalidad, el trabajo pone de manifiesto los déficits de la legislación autonómica y propugna medidas de reforma legislativa casi noventa, que afectarían a veintiún leyes para satisfacer aquellas exigencias. Adicionalmente, se propone la elaboración de una ley integral de garantía de los derechos de las personas con discapacidad que dote de unidad y coherencia al complejo tratamiento normativo de los derechos de estas personas.