El Nuevo Derecho de Costas "Ley y Nuevo Reglamento General de Costas"

ÍNDICE
Capítulo I. Clasificación y definiciones
Capítulo II. El nuevo régimen jurídico del deslinde del dominio público marítimo-terrestre
Capítulo III. Bienes de dominio público e inmuebles-Registro de la propiedad
Capítulo IV. La nueva servidumbre de protección
Capítulo V. Otras servidumbres y limitaciones de propiedad
Capítulo VI. Concesiones y autorizaciones de dominio público marítimo terrestre en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas
Capítulo VII. La incidencia de la reforma de la Ley de Costas en usos específicos del litoral: playas, chiringuitos, puertos autonómicos adscritos y marinas
Capítulo VIII. Proyectos y obras
Capítulo IX. Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre. Bienes declarados de interés cultural situados en el dominio público marítimo terrestre
Capítulo X. Infracciones y sanciones
Capítulo XI. Competencias sobre el litoral y relaciones interadministrativas. Impugnación de acuerdos
Capítulo XII. Jurisprudencia

RESUMEN La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aúna como pocos proyectos legislativos una visión antagónica de una realidad que es vital para la sociedad y economía española. Esta antítesis, no es nueva. El Reglamento General de Costas, Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, tiene inequívoca vocación de colaborar con la ley para proteger el dominio público marítimo-terrestre , y pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica , y para conseguirlo, revisa determinados aspectos del Reglamento de 1989.

El contenido básico de la reforma (ley y reglamento) obliga a abordar numerosos aspectos que resultan capitales: las determinaciones conceptuales, la servidumbre de protección, el deslinde, la protección medioambiental de determinados ecosistemas -con una especial afectación en marismas, salinas, dunas o acantilados-, la ampliación de las concesiones a 75 años, el rescate o expropiación de los derechos concesionales, la exclusión del dominio público marítimo terrestre de núcleos con independencia de que la ocupación sea con título o sin él, legales o ilegales, el derecho de reintegro, la suspensión gubernativa de actos y acuerdos adoptados por las entidades locales, el régimen jurídico de determinadas playas, chiringuitos y adscripciones, y el interés especulativo de un entorno muy sensible.

Pero no acaban ahí las consecuencias de la reforma, pues el régimen de la doble transitoriedad, añade complejidad adicional a una materia que implica a todos los juristas del orden contencioso-administrativo, civil, constitucional y un largo etcétera de especialidades inherentes o asociadas al litoral y a la costa.